El presidente Alberto Fernández prorrogó las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de año, con lo que el Frente de Todos apunta a aprobar 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU) y más de un centenar de proyectos de leyes antes de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre.
Fuentes oficiales indicaron además que se llamará a sesiones extraordinarias a partir de febrero del año próximo.
A diferencia de las sesiones extraordinarias, en la que el Gobierno fija la agenda de temas a tratar, la extensión de las ordinarias permite que el Congreso defina qué temas dictaminar y llevar a sesión.
La prórroga de las sesiones ordinarias, que había pedido el bloque del Frente de Todos, fue dictada por medio del decreto 799 publicad hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en medio del rechazo de Juntos por el Cambio a la «aprobación exprés» de los DNU y de iniciativas que no fueron consensuadas con la oposición y son ajenas a la agenda de las necesidades de la gente, como indicó el martes en un comunicado.
El oficialismo apunta a votar la mayor cantidad posible de proyectos oficiales antes de perder el control del Senado, en especial de la Comisión de Trámite Legislativo, como resultado de la derrota en las elecciones legislativas del domingo.
A partir del 10 de diciembre próximo, el Frente de Todos ya no tendrá quorum propio en el Senado a causa del avance de Juntos por el Cambio, mientras que habrá una mayor paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados.
Entre los proyectos más polémicos aparece la amortización de Letes para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una nueva ley de envases, que incluye un impuesto de hasta el 3% en el precio de los alimentos para financiar cooperativas de reciclado.
Asimismo está pendiente el debate de la movilidad (actualización) de los salarios de los jubilados y pensionados, que aunque se rige por la ley aprobada en diciembre de 2020 también incluye varios puntos aprobados por DNU, sobre todo los pagos extras como bonos y otros montos de ayuda para pensiones y contribuciones sociales.
También aparecen la reforma del Ministerio Público Fiscal y la Reforma Judicial, iniciativas que la oposición considera dirigidas a garantizar la impunidad en delitos de corrupción cometidos durante los gobiernos kirchneristas.
Además está pendiente el tratamiento del proyecto de Presupuesto Nacional 2022, enviado por el Gobierno el 15 de septiembre pasado, desactualizado por el alto índice de inflación y la emisión monetaria. Juntos por el Cambio subraya que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no ha dado explicaciones al Congreso.
Discussion about this post