Los catorce miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, una de las mayores del país, fueron acusados hoy por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.
Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.
También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.
Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.
Además, Buyatti fue acusado en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las entidades financieras locales afectadas por presuntas maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.
El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir este jueves si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.
Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que «si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años».
El cese de pagos de Vicentin provocó una polémica cuando a comienzos del año pasado el presidente Alberto Fernández anunció que iba a intervenir a la empresa con la posibilidad de estatizarla «para proteger las fuentes de trabajo y a los proveedores», iniciativa que finalmente no prosperó a causa de un generalizado rechazo.
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