La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó investigar al ministro de Seguridad de la Nación y exjefe de gabinete, Aníbal Fernández, por supuestas coimas pagadas a cambio de derechos de televisación, una causa vinculada al escándalo mundial del Fifagate, como se llama al pago de sobornos a directivos de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol (FIFA).
El pronunciamiento del tribunal de apelaciones se refiere a la investigación por el presunto pago de coimas en la televisación de ocho torneos de fútbol y partidos de la selección argentina que están bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita quien había impulsado el caso, que había sido archivado por el juez Daniel Rafecas.
Ahora porteña revocó el sobreseimiento de Aníbal Fernández y de Juan Manuel Abal Medina, quien también era jefe de gabinete cuando ocurrió el presunto caso de corrupción. También se anuló el sobreseimiento de otros 18 imputados en la causa.
La denuncia la había presentado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra los empresarios Hugo Victor y Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco, exdirectivo de Torneos y Competencias, a raíz de las detenciones y los datos que surgieron del escándalo mundial del Fifagate. Hugo y Mariano Jinkis eran los responsables de la firma «Full Play», dedicada a comercializar derechos de televisación.
Se sospecha es que los empresarios obtuvieron derechos económicos exclusivos de partidos disputados por la selección argentina desde el año 1991 hasta 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). También están bajo sospecha los contratos de Fútbol para Todos para la televisación de ocho torneos locales.
Esos contratos bajo sospecha le permitieron vender a las empresas “Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.” vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado obteniendo ganancias millonarias, según la denuncia.
El fiscal Pollicita estimó que el pago del Estado a esas empresas por dos años fue de 33 millones de dólares y sobreprecios pagados por 19 millones de dólares.
El empresario Burzaco ventiló ante la justicia estadounidense detalles como «arrepentido» y ahora los camaristas federales Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aconsejaron que se le tome declaración sobre esos contratos bajo sospecha.
“En esta tesitura, más allá de la pertinencia de la eventual identificación de aquellos valores mediante un nuevo peritaje en los términos solicitados por el Fiscal, resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional», dictaminaron los miembros del tribunal federal porteño.
«Independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios (…) públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación”, puntualizaron.
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