María Eugenia Vidal, precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio promovida por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una batería de propuestas en materia de educación, empleo e impuestos en busca de lograr en las próximas elecciones «un bloque sólido» de 120 legisladores «para poner un freno al kirchnerismo».
«Hasta 2019 discutimos un modelo de país y valores, pero en el último año y medio se añadió una nueva dimensión que es que el kirchnerismo entró en nuestras casas y empezó a decidir sobre nuestras vidas y lo que podemos o no hacer”, señaló en un relanzamiento de su campaña.
En las legislativas del 14 de noviembre próximo habrá una disputa entre dos modelos de país: «un camino que te quiere burro, pobre y sometido y otro que te quiere libre, seguro y con educación”, sostuvo.
Vidal propone proyectos para garantizar la presencialidad escolar y que los alumnos recuperen los días de clases que perdieron por la pandemia, además de promover una “evaluación educativa nacional obligatoria” y una iniciativa para “incluir” a las familias en el “debate educativo”.
En materia económica, promueve una «ley de reparación” que por dos años exima de los impuestos al trabajo a los sueldos brutos de hasta 70.000 en el sector gastronómico, hotelero y del turismo, con lo cual apunta a beneficiar a 5.500 hoteles y restaurantes porteños. Además, impulsará una nueva moratoria para pymes y una ley de garantía de estabilidad fiscal para inversores que fije «reglas de juego a largo plazo en materia tributaria».
Asimismo, impulsará un proyecto para “independizar” el Banco Central para “sacarle la máquina de hacer billetes al Presidente (Alberto Fernández) y que no pueda nombrar ni remover al directorio» de la entidad monetaria, a la que aspira a poner a salvo de «presiones políticas». La iniciativa fue ideada por el economista radical Martín Tetaz, quien secunda a Vidal en la lista opositora patrocinada por el jefe del Gobierno porteño.
Por otra parte, Vidal apunta a debatir una ley de “ficha limpia”, como la que rige en Brasil, para impedir las candidaturas políticas de condenados en delitos de corrupción. También promueve eliminar las «jubilaciones de privilegio» en el Estado y atar los salarios de diputados y senadores a la actualización de las jubilaciones.
También planteará la extinción de dominio, para que “los fondos recuperados por delitos de corrupción puedan ser destinados a emergencias”, como la compra de insumos por la pandemia, y la creación de un portal de información de acceso público que contenga las declaraciones juradas de funcionarios, jueces y legisladores.
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