El Gobierno decidió tomar el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay por el plazo de doce meses a la espera de una licitación para la concesión del corredor fluvial por el que pasa el 75% de las exportaciones agroindustriales argentinas y el 90% del comercio exterior del país y que administraba una sociedad del grupo belga Jan de Nul con el local Emepa.
Mediante el decreto presidencial de necesidad y urgencia (DNU) 427/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, el control de la hidrovía estará a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). La medida se puede prorrogar hasta la toma del servicio por parte de la empresa que resulte ganadora de la licitación.
La medida fue tomada en momentos en que las aguas del Paraná, uno de los más caudalosos del país, sufre una fuerte bajante, la mayor en 120 años a la altura de la ciudad de Corrientes, a causa de la sequía en la cuenca del suroeste de Brasil, donde nace el río.
El decreto otorga a la AGP la operación de mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y re-dragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal, que comprende el tramo del kilómetro 1238 del río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el río de La Plata exterior.
Desde hace 25 años, el manejo de la Hidrovía estaba en manos de Jan de Nul y de su socia argentina Emepa.
En los últimos días, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había anticipado que la AGP tomaría el mando de la “licitación corta” previa a la “licitación larga” para la Hidrovía, por la que se transportan mercaderías del mayor complejo agroindustrial de Sudamérica, que incluye al sur de Brasil, Bolivia y Paraguay.
“Por 12 meses tendrá un control estatal y comienza a funcionar el cobro del canon por parte del Estado para pagarle a las concesionarias las tareas realizadas, pero no altera y modifica la obra de lo que hoy se viene haciendo”, comentó Guerrera a la radio El Destape.
El oficialismo del Frente de Todos promueve en el Congreso la creación de una Comisión Bicameral de control de la Hidrovía, iniciativa ya tiene la media sanción del Senado y en los últimos días se aprobó el dictamen en comisión de la Cámara de Diputados.
El DNU también contempla que “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la AGP en el marco de la ley 17.520 y sus reglamentaciones, sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato».
«El procedimiento para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”, agrega.
Afirma que la AGP “posee la capacidad técnica para planificar la ejecución, por sí o por terceros, de los actos y obras necesarias para la adecuada prestación de los servicios de dragado, balizamiento y control hidrológico de la Red Navegable Troncal, asegurando la presencia estatal en el cumplimiento de las prestaciones que actualmente se realizan a riesgo empresario”.
También sostienen que el organismo portuario “cuenta con el formato jurídico y técnico apropiado para cumplir con los mencionados cometidos hasta tanto se desarrolle la licitación pública prevista en el Decreto N° 949/20″.
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