El Gobierno redobló las gestiones para convencer a legisladores que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, para que permitan el debate de la ley «de superpoderes» que delega en el Ejecutivo la aplicación de medidas para frenar la propagación de la Covid 19, una iniciativa frenada en la Cámara de Diputados debido al rechazo del bloque de Juntos por el Cambio y fuerzas minoritarias.
El oficialismo obtuvo el jueves en la comisión trámite legislativo un dictamen de mayoría favorable al proyecto que habilita la aplicación automática de restricciones contra la pandemia sin necesidad de decretos del presidente Alberto Fernández, el último de los cuales vence el 25 de junio próximo.
En este sentido, fuentes oficiales dijeron que la expectativa del Gobierno es alcanzar la próxima semana el quorum necesario para que la Cámara de Diputados debata la ley ya aprobada por el Senado, donde el oficialismo del Frente de Todos tiene mayoría propia.
Para alcanzar el quorum que le niega la oposición, hace falta la ayuda de los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Schiaretti, a quien mediante el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se le enviaron diez respiradores, 124.800 dosis de vacuna contra la Covid-19, 28.800 test de antígenos y 18.800 barbijos y equipos de protección personal ante la delicada situación sanitaria en Córdoba.
Aún así, los diputados cordobeses se muestran decididos a votar en contra, pero el oficialismo negocia que ayuden con el quórum y permitan la aprobación de la ley mediante su abstención. En este contexto se reforzaron las gestiones del Gobierno para lograr la sanción de la ley «de superpoderes».
Juntos por el Cambio está en contra de ese proyecto y si no se trata el martes próximo podría bloquearlo negándose a renovar el protocolo de sesiones remotas, que vence al día siguiente y sin el cual sólo se podría sesionar con todos los diputados sentados en sus bancas. El protocolo vigente permite votar por videoconferencia en el caso de los diputados en condición de riesgo ya sea por edad o por enfermedad preexistente.
Varios gobernadores se han mostrado a favor de que la ley se apruebe, a condición de que cada provincia tenga la potestad de votar su adhesión para que entre en vigor en sus jurisdicciones, una opción descartada por el Gobierno.
Discussion about this post