El fiscal federal Ramiro González se pronunció por desestimar siete denuncias contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por mantener las clases presenciales pese a la veda decretada desde mediados de abril pasado por el presidente Alberto Fernández para frenar el rebrote de contagios con la Covid 19.
También desestimó denuncias contra Fernández por imponer nuevas restricciones ante la propagación de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS Cov2, informaron hoy fuentes judiciales.
«Hago mención a esa circunstancia porque entiendo que la judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención», señaló el fiscal en sendos dictámenes.
«No es menor que se trate de cuestiones de competencia penal; se debe advertir al respecto que no se trata de controversias que la política no ha logrado resolver y que deben ser zanjada por la justicia», sostuvo
Rodríguez Larreta decidió mantener las clases presenciales al mismo tiempo que apeló el decreto que las suspendía ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que violaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
El jefe del Gobierno porteño había sido denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia, y otros presuntos delitos.
En tanto, el diputado Jorge Enríquez (PRO) había denunciado a Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público por imponer nuevas restricciones en la circulación en esta nueva etapa por crecimiento de casos de coronavirus, caso también desestimado por el fiscal.
González dijo que «el prisma a través del cual deben analizarse los hechos denunciados no puede ser otro que el de un derecho penal de acto que concibe al delito como un conflicto que produce una lesión jurídica, provocado por un acto humano como decisión autónoma de un ente responsable (persona) al que se le puede reprochar y, por lo tanto, retribuirle el mal en la medida de la culpabilidad».
En el caso de las denuncias contra los tres jueces de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires que habilitó clases presenciales pese al decreto del Ejecutivo, González pidió que sean enviadas al fiscal general porteño para que analice si es pertinente iniciar una investigación.
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