La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
En la primera sesión extraordinaria conducida por Sergio Massa, el Frente de Todos pudo construir una mayoría con los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo Federal al reunir 134 votos para aprobar en general este proyecto, mientras que el rechazo cosecho 110 votos de Juntos por el Cambio y la izquierda.
La iniciativa que fue aprobada por Diputados y que será convertida en ley esta tarde por el Senado, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los principales ejes del dictamen de mayoría son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
De todos modos, uno de los puntos más polémicos fue el tema de los régimenes especiales jubilatorios, a los cuales no se les suspende la movilidad, y no solo están incluidos docentes, científicos, pensiones graciables de ex presos políticos, beneficiarios de la ley Brisa, sino también jueces y funcionarios.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Darío Martínez, anunció que una comisión estudiará la viabilidad de esos regímenes, pero pese a que desde la oposición Luciano Laspina y Mario Negri le pedían un detalle de los mismos, el legislador oficialista prefirió no darlo.
También la suspensión de la movilidad generó una fuerte disputa ya que desde la oposición querían que se dispusiera un artículo para detallar como tenían que ser los aumentos para evitar que fueran segmentados. Ante la negativa del oficialismo, la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, advirtió que «eran inconstitucionales».
La sesión especial demandó un debate maratónico, expusieron mas de 130 oradores por espacio de 20 horas, y donde no faltaron los contrapuntos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sobre si la herencia recibida por el presidente Alberto Fernández era tan grave para declarar la emergencia pública.
Uno de los cambios estuvo vinculado a la fecha de vigencia del impuesto del 30 por ciento a la compra de dólares, y en ese sentido se aclaró que no abarcará las transacciones realizadas previamente a la sanción de la ley, debido a que había dudas sobre los pagos con tarjetas realizadas, en especial en viajes al exterior.
En el debate en particular, Martínez aceptó incluir un artículo propuesto por el diputado de Unidad para el Desarrollo José Luis Ramón para que a los viajes al exterior fronterizos en micro, avión o barco que se paguen en efectivo no se les aplique el impuesto con el fin de facilitar los viajes interurbanos con países limítrofes.
Otro aspecto que generó mucho debate fue el alza en tres puntos de las retenciones agropecuarias para que la soja pague hasta 33 puntos y el maíz, 15, y la disminución de cuatro puntos en las retenciones de hidrocarburos y mineras, de 12 a 8 puntos.
Los diputados cordobeses Alejandra Vigo -esposa del mandatario Juan Schiaretti- y Carlos Gutiérrez, además de Carrió, pidieron eliminar la suba de retenciones, lo que fue rechazado por el oficialismo, que si aceptó un pedido del diputado Federico Frigerio para que el cambio en las retenciones de hidrocarburos no afecte las regalías provinciales.
También se creó un articulo por el cual se facultó al Gobierno a segmentar las alícuotas para los pequeños productores teniendo en cuenta la situación de cada sector.
Previamente, el debate fue cerrado por el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y los jefes de los interbloques de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y del Federal, Eduardo «Bali» Bucca.
Petición online: «Que la solidaridad empiece desde la política»
Una petición online que pide que «la solidaridad empiece desde la política» y que los dirigentes se reduzcan un 30 por ciento sus ingresos, ya logró reunir más de 100 mil firmas de ciudadanos.
«Que la solidaridad empiece desde la política», solicita Sandra Quintana, una desocupada de 50 años que vive en la localidad bonaerense de Don Torcuato, en la petición publicada en la plataforma Change.org que, hasta este mediodía, había alcanzado un total de 119.620 firmas.
La petición se conoce en momentos en que el Congreso de la Nación debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que otorga facultades al gobierno de Alberto Fernández para instrumentar medidas ante la crisis económica.
Tras más de quince horas de debate, la iniciativa logró esta mañana la aprobación de la Cámara de Diputados, y esta tarde -desde las 14- será tratada en el Senado que busca convertirla en ley.
Uno de los puntos mas controvertidos del debate fue la suspensión de la movilidad jubilatoria, con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, ya que se excluyó no sólo a los regímenes especiales de docentes y científicos, sino también a jueces y funcionarios públicos.
Es decir que, según lo aprobado hoy en Diputados, no se suspende la movilidad previsional a las jubilaciones, pensiones, asignación vitalicia y haberes de retiro que perciben el presidente y vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y los legisladores.
«Ya que el presidente de la Nación (Alberto Fernández) solicita el apoyo de todos, como ciudadanos también consideramos justo que senadores, gobernadores, diputados, sindicalistas, jueces y toda persona que pertenece al Poder Político aporte el 30 por ciento de sus ingresos», plantea la iniciativa de la ciudadana Quintana y agrega que, de esta manera, «no se necesitan tocar a los jubilados ni darles migajas».
«Eliminar jubilaciones de privilegios, quitar custodias, asesores, viáticos en todos los niveles. Si queremos colaboración empiece por el lado político», concluye la petición.
En diálogo con Télam, Sandra se muestra sorprendida por la adhesión que tuvo su propuesta a través de las redes sociales y cuenta que es la primera vez que publica en la plataforma de peticiones Change.org.
«Solo me motivó el deseo de que los dirigentes políticos se den cuenta que el esfuerzo tiene que empezar por ellos y dar el ejemplo. Debería ser como en una familia, donde todos colaboran para salir adelante», reflexiona.
Discussion about this post